Chihuahua, a 9 de mayo — En medio de la creciente controversia por la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión —calificada por críticos como una posible “ley mordaza”—, la senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, aseguró que no habrá sanciones a los medios de comunicación, salvo que atenten contra la soberanía nacional.
Cuestionada sobre el posible impacto de esta reforma en la libertad de expresión y la operación de los medios de comunicación, la legisladora intentó matizar el alcance de la propuesta legislativa:
“Vamos a intentar que la redacción quede lo más pulcra y limpia posible, para no dejar ni un solo resquicio de duda de que hay censura de ninguna forma”, declaró.
Añadió que el objetivo es garantizar una información “clara, veraz, atendiendo el derecho de las audiencias”.
No obstante, su respuesta encendió las alertas, ya que reconoció que sí habrá sanciones en casos donde los medios —según el criterio del Estado— incurran en conductas que afecten la soberanía nacional, un término amplio que podría prestarse a interpretaciones subjetivas o incluso políticas.
La iniciativa plantea fortalecer la rectoría del Estado sobre los contenidos mediáticos, lo que organizaciones civiles y defensores de la libertad de prensa han advertido como una amenaza directa a la autonomía editorial y una posible herramienta de control sobre narrativas críticas al gobierno.
“Esto no es censura”, insistió Chávez, quien también informó que en el Senado se lleva a cabo un foro abierto para escuchar propuestas e inquietudes sobre la ley. Sin embargo, no detalló quién definiría qué se considera “atentar contra la soberanía” ni qué tipo de sanciones estarían contempladas, dejando un margen preocupante de ambigüedad.
Mientras el debate continúa, medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos mantienen su llamado a frenar cualquier intento de restringir la libertad de prensa bajo argumentos vagos o patrioteros, temiendo que la línea entre información crítica y “ataque a la soberanía” termine siendo trazada desde el poder.
¿Se trata de proteger al país o de blindar al gobierno de las críticas? La respuesta, como la redacción de la ley, aún está por verse.